Hace tres años, el gobierno de Nicolás Maduro instauró una ley contra el odio, un instrumento legal para promover la tolerancia en Venezuela. Pero en la práctica se convirtió en lo contrario: una forma eficaz para ejercer la violencia del Estado en contra de cualquier disidencia.
El país, con grandes diferencias entre comunidades autónomas, tiene la quinta incidencia más alta del continente, muy superior a la británica o a la francesa